En una medida que busca consolidar el orden fiscal y la transparencia, el gobernador Elías Suárez firmó un decreto que refuerza los controles sobre el gasto administrativo en todas las áreas del Estado provincial. La norma, que entró en vigencia el pasado 10 de diciembre, impone un régimen estricto de ahorro y sanciones severas para quienes no cumplan con los nuevos lineamientos.

Tecnología y monitoreo contra el derroche

El plan se apoya en la tecnología como eje de eficiencia. Entre las medidas más destacadas, el Ejecutivo dispuso la unificación y centralización de todos los gastos protocolares. A partir de ahora, cualquier erogación vinculada a recepciones, homenajes, eventos o agasajos deberá contar con una justificación técnica y una autorización previa obligatoria.

Asimismo, se puso la lupa sobre los recursos físicos:

• Vehículos oficiales: Se estableció un monitoreo permanente para asegurar que su uso sea estrictamente público.
• Consumo energético: Los edificios públicos deberán adoptar medidas de cuidado y ahorro de energía de forma obligatoria.

Sanciones: El incumplimiento será "falta grave"

A diferencia de otras recomendaciones de ahorro, este decreto otorga responsabilidades directas a la cadena de mando. El Jefe de Gabinete, ministros, secretarios y directores de administración son los garantes de su cumplimiento.

La normativa es clara: cualquier violación a estas disposiciones será considerada falta grave. Esto faculta al Estado a instruir sumarios administrativos e incluso disponer la suspensión automática del cargo de los funcionarios responsables.

Vigencia y supervisión

La Jefatura de Gabinete de Ministros ha sido designada como la autoridad de aplicación, quedando facultada para dictar normas complementarias que profundicen el ahorro. El decreto tiene una vigencia inicial de 12 meses, aunque el Poder Ejecutivo se reservó la facultad de prorrogarlo por un período idéntico si las condiciones económicas lo requieren.

Con esta decisión, la gestión de Elías Suárez busca enviar un mensaje de rigor administrativo y modernización en el manejo de los recursos públicos de todos los santiagueños.