Denuncian que la interrupción de pagos por parte de PAMI e Incluir Salud, sumada a un desfasaje arancelario crítico frente a la inflación, ha puesto al sistema en una situación terminal. La crisis no solo arriesga la atención de 250.000 personas, sino que ya ha provocado el cierre de instituciones y la pérdida de miles de puestos de trabajo.

SANTIAGO DEL ESTERO. — El panorama para el sector discapacidad este miércoles 25 de marzo es desolador. Federaciones de peso como CAIDIS y FATRADIS advierten que la cadena de pagos se encuentra rota desde finales del año pasado, arrastrando una deuda que asfixia a centros de día, hogares y escuelas terapéuticas. Según el relevamiento de las entidades, el atraso de los aranceles respecto a la inflación acumulada ya alcanza el 33%, lo que vuelve imposible cubrir los costos operativos más básicos.

Impacto directo en la salud y la vida diaria

La parálisis financiera ha dejado de ser un problema contable para transformarse en una crisis humanitaria que afecta la cotidianeidad de los pacientes:

• Insumos críticos: Se reportan suspensiones en la entrega de medicamentos, pañales y suministros esenciales que datan desde el mes de noviembre.
• Talleres protegidos: La precarización ha llegado a niveles extremos, con salarios congelados que se sitúan muy por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
• Transporte especial: Es uno de los rubros más golpeados; la imposibilidad de afrontar los costos de mantenimiento y combustible —agravada por el reciente aumento de la nafta a $2.000— ha forzado a muchos prestadores a retirar sus unidades de servicio.

Pérdida de empleo y ahogo fiscal

El impacto económico se traduce en números alarmantes para el mercado laboral y la sostenibilidad de las instituciones:

1. Despidos: Se estima la pérdida de al menos 1.500 puestos de trabajo en todo el territorio nacional debido al cierre o reconversión forzada de servicios.
2. Deuda impositiva: Una de cada cuatro organizaciones mantiene deudas acumuladas con ARCA y otros organismos fiscales, recurriendo a planes de pago desesperados para evitar el cierre definitivo de sus puertas.
3. Efecto multiplicador: La crisis afecta indirectamente a cerca de un millón de personas, entre trabajadores del sector y familiares que deben suplir la falta de servicios estatales.

El reclamo de una regularización urgente

Desde las organizaciones exigen al Gobierno Nacional la regularización inmediata de las transferencias de fondos para garantizar la continuidad de las prestaciones. Advierten que, de no mediar una solución en el corto plazo, el sistema de atención a la discapacidad en Argentina se encamina hacia una parálisis definitiva, dejando en total desprotección a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.