Desde el Ministerio de Capital Humano defendieron la constitucionalidad de la norma y buscarán revertir la medida en instancias superiores.

La disputa legal por la Ley de Modernización Laboral sumó un capítulo de alto impacto este lunes 30 de marzo. El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de 64 artículos centrales de la reforma, en respuesta a una acción declarativa presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

La postura de la CGT: "Un respaldo a la organización sindical"

A través de un comunicado oficial, la central obrera celebró la resolución judicial, interpretándola como una protección a derechos fundamentales que, según su visión, estaban bajo amenaza. Los puntos destacados por el gremio son:

• Legitimidad representativa: El fallo reconoce a la CGT como representante de trabajadores formales, informales, activos y jubilados.
• Derechos en juego: La justicia advirtió posibles afectaciones a la negociación colectiva, el derecho de huelga y la libertad sindical.
• Compromisos internacionales: La conducción cegetista sostuvo que la ley debilita el rol de los sindicatos y contradice tratados internacionales de derechos sociales suscritos por el país.

La respuesta del Gobierno: Apelación inmediata

El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, no tardó en reaccionar. Con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, el Ejecutivo confirmó que apelará la decisión para garantizar la plena vigencia de la Ley 27.802.

Desde la cartera nacional argumentaron que:

1. Fomento del empleo: La reforma es una herramienta clave para crear trabajo formal y mejorar la competitividad.
2. Seguridad jurídica: La norma busca fortalecer el marco legal tanto para empleados como para empleadores.
3. Legitimidad legislativa: El Ministerio subrayó que la ley fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso y forma parte esencial del programa económico vigente.

Escenario judicial abierto

Mientras el Gobierno nacional tilda la presentación judicial como una respuesta a "intereses sectoriales" que frenan el crecimiento, la CGT ratificó que mantendrá su estrategia de lucha en los tribunales. Esta suspensión provisoria marca un hito en la confrontación legal, dejando la resolución definitiva en manos de las cámaras de apelaciones.