La medida, ordenada por la Justicia Federal, derivó en la detención de varios uniformados acusados de integrar una organización criminal dedicada al desvío y comercialización de estupefacientes incautados.

El "faltante" que disparó la investigación

La pesquisa, liderada por el fiscal Pedro Simón y el juez federal Guillermo Molinari, comenzó tras detectar sistemáticas irregularidades en las actas de secuestro de operativos previos. Según fuentes ligadas a la causa, el modus operandi consistía en declarar una cantidad de droga significativamente menor a la efectivamente incautada.

"Se detectó que en procedimientos donde los detenidos afirmaban que les habían secuestrado 16 kilos de cocaína, en el acta oficial solo figuraban 8 kilos", detalló una fuente de la investigación.

Ese excedente no declarado era reinsertado en el mercado local a través de una red de "vendedores" protegidos por los mismos efectivos.

Una investigación entre "custodios"

La instrucción del caso presentó una complejidad extrema para los magistrados, ya que el personal de la PFA es, por normativa, el encargado de la custodia de los edificios del Poder Judicial y de los propios funcionarios. El fiscal Simón y el juez Molinari debieron avanzar con escuchas telefónicas y seguimientos sigilosos bajo la vigilancia directa de quienes estaban siendo investigados.

Detenciones y el rol de los civiles

Hasta el momento, se han confirmado seis detenciones: cuatro miembros de la PFA y dos civiles. La logística de la banda apuntaría a un suboficial de apellido Chazarreta como presunto cabecilla.

En paralelo al allanamiento en la DUOF, se realizaron operativos en domicilios particulares, destacándose uno en el barrio Lomas del Golf. Allí, en un comercio propiedad de la hermana de uno de los policías involucrados, se secuestró una caja fuerte que, según las pruebas recolectadas, servía para el resguardo del dinero proveniente de la recaudación ilegal.

Gravedad institucional

La imagen de una fuerza federal interviniendo la sede de otra ha generado un fuerte impacto en la opinión pública santiagueña. Los implicados enfrentan cargos por:

• Asociación ilícita.
• Incumplimiento de los deberes de funcionario público.
• Abuso de autoridad.
• Violación de la Ley de Estupefacientes (23.737).

La justicia no descarta nuevas detenciones a medida que se analice el material secuestrado y las declaraciones de los "informantes" clave que permitieron desarticular este entramado de corrupción interna.