El Colegio de Obstetras de Santiago del Estero atraviesa una profunda crisis tras los comicios realizados el pasado lunes 13 de abril. Este jueves, la interna institucional escaló al plano administrativo y judicial con la presentación de un pedido de nulidad absoluta del acto eleccionario, bajo el argumento de que el proceso careció de transparencia y legalidad.

Un cronograma bajo sospecha

La denuncia, impulsada por Yisel Noemí Romano (apoderada de la Lista 2 «Unir Para Avanzar») y con el patrocinio del Dr. Nicolás Cuello, pone el foco en la celeridad inusual del proceso. Según el escrito presentado ante la Dirección de Personas Jurídicas, el cronograma electoral fue calificado como "express", con plazos que se medían en horas y no en días.

Los denunciantes sostienen que etapas críticas como la exhibición del padrón y la oficialización de listas se superpusieron en una misma jornada, impidiendo una fiscalización efectiva y obligando a resolver impugnaciones durante días no hábiles, lo que habría vulnerado el derecho de defensa de la oposición.

Candidaturas cuestionadas e inhabilitaciones

El punto más polémico de la presentación radica en la composición de la Lista 1 «Unidad Obstétrica». La impugnación señala que dos de sus integrantes se encuentran actualmente sancionadas por el Tribunal de Ética de la institución.

De acuerdo con el Artículo 88 del estatuto interno, cualquier profesional sancionado queda inhabilitado para ejercer cargos directivos durante los dos años posteriores a su rehabilitación. Según la Lista 2, esta normativa fue ignorada por la junta electoral al permitir la oficialización de dichas candidatas, lo que viciaría de nulidad toda la elección.

Omisión de fiscalización estatal

Finalmente, la denuncia subraya que la conducción actual del Colegio no notificó a la Dirección de Personería Jurídica sobre la realización del acto eleccionario. Esta falta de comunicación con el ente regulador estatal es considerada por los denunciantes como un factor determinante para invalidar el proceso, ya que privó al Estado de su rol de contralor.

Ante este escenario, la oposición ha solicitado medidas cautelares para frenar la asunción de las nuevas autoridades y exige que se convoque a un nuevo proceso electoral que garantice la transparencia y el cumplimiento estricto del derecho gremial y profesional.