AÑATUYA (Dpto. General Taboada). – En lo que representa uno de los golpes más contundentes contra la informalidad rural en la región, una inspección multisectorial dejó al descubierto un escenario de precarización extrema y posible explotación laboral en establecimientos agrícolas de las cercanías de Añatuya.

El operativo, que contó con el despliegue de Gendarmería Nacional, la UATRE y el RENATRE, además de organismos de derechos humanos y trabajo, confirmó que la falta de registro y el trabajo infantil siguen siendo deudas pendientes en el sector.

Crónica de una precariedad absoluta

La fiscalización se dividió en dos etapas, arrojando resultados que los organismos intervinientes calificaron como "críticos":

1. Primer Control: Se detectaron 21 trabajadores viviendo y cumpliendo tareas en condiciones precarias. Lo más alarmante fue el hallazgo de dos adolescentes realizando tareas rurales, lo que activó de inmediato el protocolo de la COPRETI (Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil).
2. Segundo Control: En un predio cercano se relevaron 54 trabajadores. De este total, solo uno estaba debidamente registrado. El resto percibía salarios que no llegaban siquiera a cubrir la escala mínima establecida por ley.

Intervención federal y rescate

Debido a la naturaleza de los hallazgos —que podrían configurar delitos de trata de personas con fines de explotación laboral—, tomó intervención directa la Justicia Federal. Los inspectores labraron actas por:

• Inexistencia de registro laboral (trabajo "en negro").
• Hacinamiento y condiciones de salubridad nulas.
• Pago de salarios por debajo de la ley.
• Utilización de mano de obra infantil y adolescente.

Un frente unido contra el abuso

Del operativo participaron la Delegación Santiago del Estero de UATRE, la Secretaría de Trabajo, el RENATRE y la COPRETI. Las autoridades destacaron que estas inspecciones continuarán en toda la provincia para desarticular estas estructuras de abuso que afectan la dignidad de los trabajadores rurales santiagueños.

El caso ha generado una fuerte conmoción en el departamento General Taboada, reabriendo el debate sobre los controles en las explotaciones agrícolas y la responsabilidad de los propietarios ante leyes laborales y convenios internacionales de protección a la infancia.