​SANTIAGO DEL ESTERO – En un contexto de creciente tensión por los recortes en el área de salud, una madre de una niña con autismo ha alzado la voz mediante una cruda carta abierta dirigida a la sociedad y a las autoridades. La denuncia apunta directamente a la obra social OSPIFSE por el recorte sistemático de prestaciones básicas, y señala al Gobierno Nacional por un rumbo político calificado como "cruel" ante los sectores más vulnerables.

El conflicto ha escalado a instancias administrativas formales. Según pudo saber este medio, la madre de la menor, Nilda Soledad Vega, presentó una intimación formal exigiendo el cumplimiento de la Ley 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas en Discapacidad).

​Un muro de “disposiciones internas”

​La carta describe una situación de agotamiento e indignación. Según el testimonio, la prestadora OSPIFSE ha comenzado a negar de manera arbitraria la cobertura de horas de acompañamiento terapéutico y el servicio de psicopedagogía, herramientas que resultan vitales para el desarrollo cognitivo y la escolaridad de los menores con condiciones del espectro autista.

​"Se amparan en disposiciones internas que pretenden estar por encima de la ley", reza el texto, recordando que tanto la Ley de Discapacidad como el Programa Médico Obligatorio (PMO) no son sugerencias, sino obligaciones legales ineludibles que hoy están siendo vulneradas.

​El factor político: “La discapacidad no espera”

​El reclamo no se limita a la esfera administrativa de la obra social. El documento vincula la desidia institucional con el actual escenario político nacional. La denunciante sostiene que, bajo la gestión de Javier Milei, las políticas públicas han tomado un rumbo de indiferencia donde los derechos de las personas con discapacidad son vistos meramente como un "gasto" a recortar.

​Esta situación ha empujado a las familias a una lucha desigual. "Estamos cansadas de que el sistema nos obligue a ser abogadas, gestoras y guerreras antes que simplemente madres que cuidan de sus hijos", expresa con crudeza el escrito, reflejando el sentir de miles de familias santiagueñas y argentinas que hoy se encuentran en un desamparo absoluto.

​Puntos clave de la denuncia:

​Recorte de prestaciones: Quita de cobertura en psicopedagogía y reducción de horas de acompañamiento terapéutico.

​Riesgo educativo: La falta de apoyos pone en peligro la continuidad escolar y la integración de los niños.

​Incumplimiento legal: Se ignora la jerarquía de las leyes nacionales de discapacidad frente a reglamentos internos de las obras sociales.

​Llamado a la acción: Exigen la intervención inmediata de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

​La carta cierra con una advertencia contundente que resuena como un grito de urgencia social: "La discapacidad no espera, y nuestra paciencia se terminó". Mientras tanto, el silencio de las autoridades y la falta de soluciones concretas mantienen en vilo el futuro de los más pequeños, cuya dignidad depende hoy de un trámite burocrático o de una decisión política.