El Gobierno nacional adjudicó cerca de 4.000 kilómetros de trazas viales en todo el país, impactando de lleno en corredores clave de Santiago del Estero. La medida genera resistencia en los mandatarios provinciales por el temor a nuevos costos para el transporte y la producción.

SANTIAGO DEL ESTERO — La confirmación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones por parte del Ejecutivo nacional encendió el debate en las provincias. Con esta medida, la administración central completó la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo un esquema de inversión 100% privada, un paquete que abarca 16 tramos estratégicos por donde circula cerca del 80% del tránsito del país.

El anuncio, realizado a través de las redes sociales por el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló que las obras de mantenimiento comenzarán a partir de fines de septiembre. Sin embargo, el esquema generó inmediata preocupación en el interior federal debido a la posibilidad de que se implementen nuevas estaciones de cobro.

Impacto en Santiago del Estero y el NOA

Para la provincia, la medida resulta de vital importancia ya que los tramos adjudicados incluyen los corredores Centro Norte y Noroeste, los cuales comprenden la traza de la Ruta Nacional 34, además de las rutas 9, 66, 1V66 y A-016, conectando a Santiago del Estero con provincias vecinas como Santa Fe, Tucumán, Salta y Jujuy.

El malestar no tardó en manifestarse en el arco político regional. Uno de los primeros en alzar la voz fue el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien expresó su "profunda preocupación" ante la posible instalación de un nuevo peaje sobre la Ruta Nacional 12. "En un contexto difícil para todo el país, resulta inaceptable imponer una traba más a quienes trabajan, estudian, comercian y producen", advirtió el mandatario, solicitando a las autoridades nacionales que revean cualquier iniciativa que encarezca el traslado.

El trasfondo judicial y el estado de las calzadas

El traspaso y concesión de las trazas viales ocurre en un escenario de extrema sensibilidad por el deterioro de la infraestructura. En paralelo a los anuncios de privatización, la justicia federal interviene en distintos puntos críticos del país:

• En Santa Fe, un juez ordenó la reparación urgente de las rutas 7, 8 y 33 ante el evidente abandono y la falta de mantenimiento.
• En el norte, la Justicia exigió informes detallados sobre la siniestralidad vial en tramos complejos de la Ruta Nacional 34, respondiendo a reclamos históricos por la seguridad de los conductores.

Con el inicio de las obras previsto para las próximas semanas, los usuarios y sectores productivos de Santiago del Estero aguardan precisiones sobre cómo impactará este nuevo modelo de gestión en las tarifas y en la calidad real de los caminos que vertebran la economía de la región.