SANTIAGO DEL ESTERO / BUENOS AIRES — El sistema de bomberos voluntarios de la República Argentina atraviesa una situación crítica tras revelarse que el Gobierno nacional dejó de distribuir en los últimos dos años una suma que asciende a $59.330 millones, fondos que corresponden por ley al funcionamiento operativo de los cuarteles.

El reclamo pone el foco en el incumplimiento de la Ley 25.054, la cual establece la creación de un fondo especial destinado a garantizar el equipamiento, la capacitación, el mantenimiento de unidades y la infraestructura de miles de bomberos que prestan servicios esenciales en todo el territorio nacional. Estos recursos provienen de un porcentaje asignado sobre las primas de seguros, por lo que su recaudación es de carácter regular.

Impacto en los cuarteles del interior

La retención de estos fondos genera un fuerte malestar en las federaciones y asociaciones provinciales, que desde hace meses advierten sobre las dificultades extremas para afrontar los costos operativos básicos, como la compra de combustible, renovación de equipos de protección personal y la reparación de autobombas.

En provincias con vastas superficies rurales y forestales —como Santiago del Estero, donde los cuarteles suelen lidiar constantemente con incendios de pastizales y emergencias climáticas—, la falta de transferencia de estos recursos golpea de manera directa la capacidad de respuesta operativa frente a las catástrofes.

Mientras las instituciones bomberiles evalúan medidas gremiales y reclaman la urgente regularización de los pagos adeudados, el sector advierte que el sostenimiento del sistema voluntario —pilar fundamental de la seguridad civil en el interior del país— se encuentra seriamente amenazado por el ahogamiento financiero.