La medida judicial surge en el marco de una causa por daños y perjuicios impulsada por César Zerda y Lucas Fiori respecto a campos en la zona rural de Pinto, departamento Aguirre. El MOCASE-VC denunció un supuesto esquema de apropiación de tierras.

SANTIAGO DEL ESTERO. – Un nuevo capítulo judicial se suma al conflicto por la tenencia y explotación de tierras en el sur de la provincia. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero - Vía Campesina (MOCASE-VC) informó que la Justicia dispuso un embargo por US$ 800.000 contra la empresa POR CAD AGRO S.A.S., vinculada a Andrés Cadamuro y a integrantes de su familia, en una causa por campos ubicados en la zona rural de Pinto, departamento Aguirre.

De acuerdo con el comunicado de la organización campesina, la medida se originó a partir de una demanda iniciada por César Zerda y Lucas Fiori debido a los perjuicios ocasionados en medio de una disputa por la posesión de los inmuebles. Desde el MOCASE sostienen que la firma habría intentado avanzar sobre los campos mediante contratos de arrendamiento "maliciosos" y denuncian que el ingreso de maquinaria estuvo acompañado por grupos armados, acusaciones que deberán ser evaluadas de acuerdo con las pruebas que se incorporen en los expedientes judiciales.

Antecedentes de una disputa prolongada en el departamento Aguirre La controversia sobre los campos en Pinto no es un hecho aislado. Existen registros previos de conflictos judiciales en la zona y operaciones vinculadas a POR CAD AGRO S.A.S.

• Ya en 2022, el medio El Liberal informó sobre una disputa por un establecimiento de unas 1.000 hectáreas en Pinto, donde la empresa alegaba haber adquirido el inmueble tras la rescisión de un contrato previo por falta de pago, mientras que la contraparte denunciaba presunta estafa y usurpación.
• Asimismo, antecedentes registrales muestran que en 2021 la firma realizó presentaciones para una prescripción adquisitiva sobre un inmueble en Villa General Mitre, dentro del mismo departamento Aguirre.

Denuncias del MOCASE y situación financiera de la empresa El MOCASE-VC vinculó este caso con un esquema de apropiación de tierras denunciado desde hace años, el cual presuntamente incluiría operaciones comerciales y disputas con episodios de violencia. En esa línea, la entidad recordó un conflicto ocurrido en 2024 con la Comunidad Indígena Sentimiento de Mi Tierra del Pueblo Sanavirón, además de testimonios difundidos en julio de 2026 por Franco Darío Luna sobre vínculos entre protagonistas de disputas en Las Abras.

Por otro lado, a la situación judicial por los campos se le suma un dato financiero relevante: registros del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba indican que POR CAD AGRO S.A.S. ingresó en un proceso de concurso preventivo en septiembre de 2025, tramitado ante un Juzgado en lo Civil y Comercial cordobés.

Mientras la Justicia continúa evaluando las responsabilidades de las partes involucradas y los fundamentos de la medida cautelar, el caso reabre el debate en el interior santiagueño sobre la seguridad jurídica, la protección de la producción y la prevención de la violencia rural.