La diputada nacional reveló un supuesto esquema de transferencias directas desde el Banco Nación, utilizando fondos destinados a infraestructura vial, para asegurar la aprobación de leyes clave.

Por Redacción 385.com.ar

La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra funcionarios del gobierno de Javier Milei por los presuntos delitos de administración fraudulenta, cohecho y malversación de caudales públicos. La legisladora sostiene que la Casa Rosada habría utilizado fondos específicos del impuesto a los combustibles para garantizar el apoyo de legisladores "aliados" durante votaciones críticas en el Congreso.

Según la presentación judicial, el mecanismo operaba mediante transferencias directas realizadas a través del Banco Nación, las cuales se intensificaban en las jornadas de sesión. "Los días de votación se liberan 3,44 veces más pagos que el resto del mes", afirmó Pagano, argumentando que el Ejecutivo presiona a los mandatarios provinciales hasta el último momento para asegurar el quórum y la sanción de leyes polémicas.

La exconductora de televisión, quien integró la lista de La Libertad Avanza antes de romper su vínculo con el oficialismo, señaló directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, como el responsable de instrumentar estos desembolsos. De acuerdo con la denuncia, el dinero proveniente de la recaudación por el impuesto al combustible —originalmente destinado a infraestructura vial— habría sido redirigido bajo un esquema de "pagos por manos levantadas".

Pagano detalló que este presunto intercambio habría sido determinante para el avance de normativas clave, entre las que mencionó la Reforma Laboral, la Ley Bases, el veto a la reforma jubilatoria, la Ley de Glaciares y la iniciativa de Ficha Limpia, entre otras.

En su exposición, la legisladora individualizó a las provincias que habrían recibido estos fondos en jornadas estratégicas, apuntando a las gestiones de Jujuy (Sadir), Misiones (Rovira), Tucumán (Jaldo), Catamarca (Jalil) y Salta (Saenz).

La denuncia cobra especial relevancia tras las declaraciones públicas del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien había reconocido anteriormente el uso de diversas partidas presupuestarias para lograr el equilibrio fiscal, una justificación que Pagano califica como una admisión implícita de una maniobra ilegal e ilegítima.