El resto de los recursos fue retenido y colocado en plazos fijos y títulos públicos, afectando a las rutas nacionales del NOA con un monto estimado en más de $160.000 millones.

POLÍTICA – De acuerdo con la investigación desarrollada por Hugo Alconada Mon, entre el inicio de la gestión del presidente Javier Milei y mayo de 2026, el fideicomiso SisVial —financiado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos y destinado exclusivamente a la red vial— recaudó $1.503.252 millones, pero solo ejecutó $394.406 millones, lo que representa una subejecución del 73,8%.

El impacto financiero en las rutas del NOA y Tucumán

Hacia el 31 de mayo de 2026, el fondo acumulaba $1.038.779 millones sin aplicar a trabajos viales, de los cuales $1.001.018 millones se encontraban invertidos en títulos públicos y plazos fijos, mientras que el resto permanecía inmovilizado en una cuenta corriente del Banco Nación.

Tomando como criterio la proporcionalidad de la extensión de la red vial nacional por kilómetro:

• Tucumán: Con 575 kilómetros de rutas nacionales (1,43% del total), la proporción de fondos no aplicados asciende a unos $14.859 millones.
• Región NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca): Con 6.221 kilómetros (15,48% de la red), la cifra atribuible trepa a $160.760 millones.

La operatoria del SisVial y el cambio hacia títulos públicos

El informe detalla que la ejecución anual fue del 11,3% en 2024, del 39% en 2025 y del 18,5% entre enero y mayo de 2026. Hasta mediados de 2025, los recursos se concentraban en plazos fijos, pero tras el decreto 425/2025 la cartera migró hacia títulos públicos, registrando que las inversiones financieras crecían de forma acelerada mientras la ejecución mensual en obras era mínima.

Mientras el sistema funcionó en la práctica como una herramienta financiera, la Federación de Personal de Vialidad Nacional advirtió que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales del país se encuentran en estado regular o malo, una situación que en distritos como Tucumán alcanza al 60% de los tramos evaluados, sumado a los reclamos persistentes de gobernadores y transportistas por corredores críticos como las rutas 9 y 34.