SANTIAGO DEL ESTERO. – La Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE), entidad que nuclea a pymes del sector de cargas y logística, interpuso un amparo colectivo ante la Justicia Federal de la Capital Federal con el objetivo de frenar la aplicación del Decreto 612/2026, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado mes de julio. La medida modifica la base de cálculo de los aportes y contribuciones destinados a financiar a los sindicatos, generando un incremento estimado del 18,87% en los costos mensuales por trabajador.

El planteo judicial apunta directamente contra la normativa consensuada entre el Gobierno nacional y la CGT —que lidera gremios de fuerte peso como el Sindicato de Camioneros, encabezado por Hugo Moyano—, al considerar que la ampliación de la base imponible sobre "las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual" perjudica severamente el flujo de caja de las pequeñas y medianas empresas del sector.

Los ejes del reclamo y el cuestionamiento a la retroactividad

• Exceso reglamentario: Desde CATSE sostienen que el Poder Ejecutivo se arrogó facultades exclusivas del Congreso al modificar por decreto los límites y bases de cálculo de estas obligaciones patronales, alterando un régimen que había sido fijado y publicado pocas semanas antes.
• Pretensión retroactiva: La demanda cuestiona que la norma intente aplicarse desde el 17 de julio pese a haber sido publicada recién el 20, solicitando que los pagos devengados desde el 1° de junio sean declarados "intangibles" y libres de reclamos.
• Garantía salarial: La cámara empresaria aclaró que el reclamo se enfoca exclusivamente en las cargas patronales destinadas a las estructuras colectivas, remarcando que los trabajadores continuarán percibiendo la totalidad de sus remuneraciones convencionales sin modificaciones.

Ante la superposición de normativas vigentes y el riesgo de afrontar embargos bancarios o la parálisis operativa, la entidad solicitó una medida cautelar de no innovar para evitar que el Ejecutivo aplique el decreto mientras se resuelve la cuestión de fondo, advirtiendo que el perjuicio financiero es de carácter inminente, mensual y acumulativo.