El crecimiento del endeudamiento y de la morosidad de las familias se convirtió en una de las señales más preocupantes de la economía argentina. Santiago del Estero no está al margen de ese fenómeno. Por el contrario, mirar lo que sucede aquí permite ponerle una dimensión concreta a una discusión que hoy atraviesa al país.

En Santiago del Estero hay 375.001 personas con deudas registradas y 109.104 en mora. Es decir, el 29,09% de los deudores presenta algún incumplimiento. La deuda registrada supera el billón de pesos y más de $202 mil millones corresponden a deuda en mora.

Son datos de nuestra provincia, pero cuentan una historia nacional.

No creo que una discusión de esta magnitud pueda reducirse, como pretende hacer el Gobierno de Javier Milei, a una suma de decisiones individuales. Cuando millones de argentinos y más de cien mil santiagueños tienen dificultades para cumplir con sus deudas, tenemos que mirar las condiciones económicas en las que esas deudas fueron tomadas.

Y allí aparece una secuencia bastante clara: pérdida de poder adquisitivo, aumento del peso de los gastos esenciales, reducción del ingreso disponible, mayor necesidad de recurrir al crédito, tasas de interés elevadas y, finalmente, deterioro de la capacidad de pago.

La mora es el último eslabón de esa cadena. No el primero.

El problema comienza antes de pedir un préstamo

Durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei hubo una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Después se produjeron recuperaciones parciales y diferentes según se trate de trabajadores privados registrados, empleados públicos o trabajadores informales. Es importante reconocer esas diferencias para hacer un diagnóstico serio.

Pero también hay algo elemental: el salario no importa solamente por cuánto aumenta nominalmente. Importa por cuánto permite comprar.

La inflación se desaceleró, y eso es un dato. Pero que los precios aumenten más lentamente no significa que las familias hayan recuperado lo perdido ni que su costo de vida aumente al mismo ritmo que el índice general.

El IPC es un promedio. Y la estructura de gastos utilizada para calcularlo no necesariamente refleja el peso que hoy tienen algunos consumos básicos dentro del presupuesto real de una familia.

Esto se vuelve particularmente importante después de la quita de subsidios y los fuertes aumentos de la electricidad, el gas y el transporte impulsados por el Gobierno nacional. Esos gastos están incluidos en la medición de inflación, pero hoy representan una porción mucho mayor del presupuesto familiar que la que tienen dentro del índice.

Por eso una familia puede escuchar que baja la inflación y, al mismo tiempo, sentir que cada mes tiene menos margen. Porque después de pagar la luz, el gas, el transporte, el alquiler, los alimentos y los medicamentos queda menos salario disponible para todo lo demás.

Y ahí está una de las claves para entender el endeudamiento: cuando el ingreso disponible se achica, primero se recorta el consumo y, cuando tampoco alcanza con eso, aparece el crédito.

El problema no empieza cuando alguien deja de pagar una deuda. Empieza antes, cuando después de cubrir lo indispensable cada mes queda menos plata para vivir.

Cuando el crédito empieza a completar el ingreso

Quiero ser precisa en este punto: el crédito no es malo.

Una economía necesita crédito para desarrollarse. Sirve para invertir, producir, comprar una vivienda, adquirir bienes durables o distribuir un gasto importante a lo largo del tiempo.

El problema aparece cuando el crédito deja de ser principalmente una herramienta para anticipar consumo o realizar una inversión y comienza a utilizarse para cubrir lo que el ingreso corriente ya no alcanza a pagar.

Durante 2025 hubo una expansión importante del financiamiento a las personas. A diciembre, el Banco Central registraba 20,3 millones de personas con algún tipo de financiamiento. Las tarjetas de crédito alcanzaban a 14,8 millones y los préstamos personales a 11,9 millones de personas; estos últimos crecieron 22,1% en un año.

Más crédito no constituye, por sí solo, una mala noticia.

La pregunta es otra: ¿para qué se está tomando ese crédito y a qué costo?

El peso de las tasas

Para comprender cómo una insuficiencia de ingresos termina convirtiéndose en un problema de deuda, hay que mirar también el costo del dinero.

Durante 2025, la tasa de los préstamos personales se mantuvo alrededor del 70% nominal anual hasta agosto. En septiembre aumentó casi diez puntos porcentuales y permaneció en esos niveles hasta noviembre. Es la propia descripción que hace el Banco Central.

Pero hay un dato todavía más revelador: durante el primer semestre de 2025, el propio BCRA calculó que las tasas reales mensuales de préstamos personales y tarjetas se mantuvieron positivas entre 4% y 5,5%, cerca de sus máximos de los últimos dos años. Es decir, el costo del financiamiento no solamente era alto nominalmente: estaba creciendo claramente por encima de la inflación.

Esto importa porque una persona que llega al final del mes con un faltante y utiliza la tarjeta o toma un préstamo no comienza el mes siguiente desde cero. A sus gastos habituales tiene que sumar la cuota, el capital y los intereses de la deuda anterior.

Una parte de su ingreso futuro ya está comprometida.

Por lo tanto, vuelve a reducirse su ingreso disponible. Si aparece otro faltante, puede recurrir al pago mínimo de la tarjeta, refinanciar el saldo o tomar un nuevo préstamo.

Así, un problema que inicialmente era de ingresos puede transformarse en un problema financiero. Y cuando esa dinámica se sostiene durante varios meses, aparece la mora.

Las familias que perdieron capacidad de compra y necesitaron financiarse no eligieron las condiciones macroeconómicas ni las tasas bajo las cuales debieron hacerlo. Por eso no puede analizarse seriamente lo que vino después sin mirar las decisiones económicas del Gobierno.

La mora es una señal de capacidad de pago

Los datos muestran hasta dónde llegó el deterioro.

En octubre de 2024, la mora bancaria de las familias era del 2,5%. En junio de 2026 alcanzó el 12,8%. Entre las empresas, en cambio, fue del 3,5%. El propio Banco Central informa que en junio el indicador dejó de aumentar, algo que también corresponde señalar, pero el nivel alcanzado por los hogares sigue siendo extraordinariamente alto.

CEPA aporta otro elemento a partir de su procesamiento de la Central de Deudores: durante este período aumentó la cantidad de argentinos endeudados, pero creció todavía más la cantidad de personas que entraron en mora.

Esto obliga a discutir una explicación que se repite: que hay más morosos simplemente porque ahora existen más argentinos accediendo al crédito.

La expansión del crédito existió. Pero el deterioro de la capacidad de pago creció mucho más rápido.

Por eso la discusión no debería ser crédito sí o crédito no. La pregunta central es qué está ocurriendo con las familias para que cada vez más personas que accedieron al crédito después no puedan pagarlo.

Cuando endeudarse también se precariza

El problema se vuelve todavía más desigual cuando salimos del sistema bancario tradicional.

Quien tiene un empleo formal, ingresos demostrables y un buen historial financiero suele acceder a mejores condiciones. Quien tiene ingresos bajos, informales o inestables puede encontrar mayores dificultades y terminar recurriendo a alternativas mucho más costosas.

En febrero de 2026, los proveedores no financieros de crédito financiaban a aproximadamente 12,1 millones de personas. La irregularidad de sus carteras alcanzaba el 26,9% y, específicamente en préstamos personales, llegaba al 34,1%. Entre las fintech, la irregularidad llegó al 26,2%.

El costo también es muy diferente. En febrero, el BCRA registró una tasa nominal anual promedio del 144% para préstamos personales de determinados proveedores no financieros.

Aquí aparece una paradoja que debería preocuparnos: quien tiene menos capacidad económica puede terminar pagando más caro por acceder al dinero precisamente porque el sistema lo considera más riesgoso.

La discusión reciente alrededor de Mercado Pago permite observar ese problema con mayor claridad. Los relevamientos que se conocieron muestran una enorme dispersión de tasas según el perfil de cada usuario, llegando en algunos casos a Costos Financieros Totales extremadamente elevados.

Eso no significa que todos sus clientes paguen esas tasas ni sería serio responsabilizar a Mercado Pago por sí solo del crecimiento de la mora. El problema es más amplio.

La pregunta que tenemos que hacernos es otra: ¿podemos hablar realmente de inclusión financiera si una persona consigue un préstamo pero las condiciones terminan siendo incompatibles con su capacidad de pago?

El scoring tiene una lógica financiera: a mayor riesgo estimado, mayor tasa. Pero sus consecuencias sociales son evidentes. Una tasa mayor implica una cuota mayor; una cuota mayor absorbe más ingreso; y cuanto más ingreso se destina a pagar deuda, menos queda disponible para vivir y consumir.

Por eso no alcanza con mirar cuánto debe una persona. Hay que mirar cuánto debe, cuánto gana, cuánto le queda disponible y cuánto paga por esa deuda.

De la billetera al prestamista del barrio

Existe además otra dimensión que los registros oficiales no alcanzan a mostrar.

Una persona puede comenzar financiándose con un banco, continuar con una tarjeta, recurrir después a una billetera o a una empresa de crédito rápido.

Pero cuando esas puertas también se cierran, la necesidad económica no desaparece.

Aquí aparece una realidad que conocemos en Santiago: el fiado, el préstamo de familiares o amigos y, en los casos más delicados, el prestamista particular o barrial.

No tenemos una estadística provincial rigurosa que permita cuantificar esta dimensión. Por eso no corresponde inventar un número. Pero tampoco podemos actuar como si no existiera simplemente porque no aparece en una base de datos.

Cuando una familia queda afuera del crédito formal, puede terminar accediendo al dinero con menos protección y en condiciones todavía más difíciles.

Es una verdadera precarización del endeudamiento: no solamente deber más, sino ir descendiendo hacia mecanismos financieros cada vez más caros, menos transparentes y más difíciles de sostener.

Santiago permite entender algo que los promedios esconden

Aquí nuestra provincia aporta una dimensión particular a la discusión nacional.

Santiago del Estero registra niveles muy bajos de desocupación y, al mismo tiempo, tiene 109.104 personas en mora.

Esto demuestra por qué no alcanza con preguntar si una persona tiene trabajo.

Hay que preguntarse qué trabajo tiene, cuánto gana, con qué estabilidad cuenta y cuánto puede comprar con ese ingreso.

En Santiago conocemos el peso del trabajo informal, el cuentapropismo, las changas y los ingresos inestables.

Se puede estar ocupado y tener dificultades económicas.

Se puede trabajar todos los días y no llegar a fin de mes.

Se puede acceder al crédito y no tener capacidad suficiente para sostenerlo.

Por eso los más de cien mil santiagueños en mora no pueden ser analizados solamente como cien mil decisiones financieras individuales. Son la expresión provincial de un problema que atraviesa a la Argentina.

Cuando las familias se endeudan, la economía también lo siente

El endeudamiento tiene además una consecuencia que excede a quien debe.

Cuando una familia destina una proporción creciente de sus ingresos a pagar servicios esenciales, cuotas, tarjetas e intereses, dispone de menos dinero para consumir.

Y cuando eso sucede simultáneamente en millones de hogares, la consecuencia deja de ser doméstica.

El circuito es bastante claro.

Menor poder adquisitivo reduce el ingreso disponible. Menor ingreso disponible aumenta la necesidad de financiamiento. Una deuda cara compromete parte del ingreso futuro. Las cuotas y los intereses vuelven a reducir el ingreso disponible. Y eso termina afectando nuevamente el consumo.

Cuando millones de familias consumen menos, los comercios venden menos. Si venden menos, las pymes encuentran mayores dificultades para producir, invertir y sostener empleo.

Por eso el endeudamiento de los hogares no es un asunto separado de la macroeconomía. Es parte de ella.

La responsabilidad del Gobierno

Frente a esta realidad, el Gobierno de Javier Milei pretende reducir el crecimiento de la mora a un problema entre privados.

No comparto esa mirada.

No porque crea que el Estado tenga que cancelar las deudas particulares ni porque desconozca la responsabilidad que asume una persona cuando toma un crédito.

La rechazo porque las decisiones individuales no ocurren en el vacío.

Una familia no determina la evolución de su poder adquisitivo. No decide cuánto aumenta la electricidad, el gas o el transporte. No establece las tasas de interés. No controla las condiciones económicas que determinan su trabajo, sus ingresos y sus posibilidades de consumo.

Esas condiciones están atravesadas por decisiones de política económica.

El modelo de Javier Milei produjo una fuerte pérdida inicial del poder adquisitivo, avanzó con la quita de subsidios y la recomposición de tarifas que incrementaron el peso de gastos esenciales dentro del presupuesto familiar y sostuvo condiciones financieras en las que el crédito al consumo tuvo tasas reales muy elevadas.

Después vino el deterioro de la capacidad de pago.

Por eso no acepto que ahora el Gobierno mire solamente el último eslabón de la cadena y responsabilice a las familias por no poder pagar.

No estoy diciendo que cada deuda argentina sea responsabilidad de Javier Milei. Eso sería tan simplista como sostener que el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad.

Estoy diciendo algo más serio: no se puede explicar el crecimiento generalizado de la mora separándolo de una política económica que deterioró ingresos, encareció gastos esenciales y mantuvo un costo muy alto para financiarse.

Cuando frente a millones de argentinos con dificultades para pagar la respuesta es que nadie los obligó a endeudarse, la insensibilidad deja de ser solamente una característica del discurso.

Se convierte en una forma de gobernar: tomar decisiones económicas y después desentenderse de sus consecuencias sobre la vida de las personas.

Una Argentina endeudada también se ve desde Santiago

Los 109.104 santiagueños en mora no son una excepción provincial. Son nuestra expresión de un problema nacional.

Pero mirar este fenómeno desde Santiago permite ver algunas cosas que los promedios muchas veces esconden.

Que tener trabajo no siempre significa tener un ingreso suficiente.

Que bajar la inflación no devuelve automáticamente el poder adquisitivo perdido.

Que el costo de vida de una familia no siempre se mueve igual que un promedio estadístico, sobre todo cuando una parte cada vez mayor del ingreso se destina a gastos básicos.

Que ampliar el acceso al crédito no necesariamente mejora las condiciones de vida si ese crédito termina utilizándose para completar ingresos insuficientes.

Y que quien tiene menos capacidad económica puede terminar pagando más caro por acceder al dinero.

Argentina necesita estabilidad y necesita crédito. Pero necesita crédito para producir, invertir, emprender, comprar una vivienda o mejorar la calidad de vida. No una economía en la que el financiamiento termine sustituyendo permanentemente la parte del salario que falta.

Necesitamos recuperar el poder adquisitivo, mejorar la calidad del empleo, ampliar el acceso a financiamiento sostenible, proteger a los usuarios financieros y prestar especial atención a aquellos segmentos donde las tasas y la mora alcanzaron niveles que deberían encender todas las alarmas.

También necesitamos empezar a mirar aquello que todavía no estamos midiendo suficientemente: el endeudamiento informal que existe en nuestros barrios.

Porque una deuda puede ser privada. Pero cuando casi tres de cada diez deudores santiagueños están en mora y millones de argentinos atraviesan el mismo problema, ya no alcanza con hablar de decisiones individuales.

La política económica también debe evaluarse allí: en cuánto queda del ingreso después de pagar lo indispensable, en cuánto termina comprometido en cuotas e intereses y en si una familia puede vivir de su trabajo sin necesitar endeudarse permanentemente.

Si trabajar todo el mes no alcanza y el crédito empieza a completar el ingreso, no estamos solamente frente a un problema financiero. Estamos frente a una de las consecuencias más concretas del modelo económico de Javier Milei. Y frente a esa realidad, el Gobierno nacional no puede seguir actuando como si no tuviera nada que ver.

Por Marianella Lezama Hid

Concejala de Libres del Sur. Contadora Pública y Diplomada en Finanzas.