Al cumplirse un mes del doloroso adiós a uno de los proteccionistas más queridos y entrañables de la provincia, el legado de Fernando "Polaco" Riemersma busca transformarse en una herramienta legal concreta y de vanguardia para todo el suelo santiagueño. 

Presentado formalmente en la Cámara de Diputados local para ser incorporado al debate legislativo gracias al impulso receptivo de la diputada Cecilia Valdez, el proyecto de ley que lleva su nombre resume casi dos décadas de lucha inclaudicable en defensa de los animales más vulnerables, aquellos que encontraron en el histórico refugio El Montecito de los Canichones un verdadero hogar de amor y dignidad.

La iniciativa, gestada tras el trágica partida física del querido proteccionista ocurrida a finales de agosto en la ciudad Capital, apunta a dar un giro copernicano en la legislación vigente al proponer el reconocimiento jurídico de los animales ya no como simples cosas o bienes de consumo, sino formalmente como seres sintientes. Este cambio conceptual de profunda raigambre ética se complementa con la incorporación legal de la noción de familias multiespecie, validando de este modo los lazos afectivos indestructibles que unen a las personas con sus compañeros de cuatro patas y otorgándoles el resguardo jurídico que la modernidad demanda.

Lejos de quedarse en meras declaraciones de principios, el articulado elaborado por quienes continuaron su lucha plantea un esquema riguroso y abarcativo frente al maltrato y la crueldad. Entre sus propuestas más innovadoras figura la creación de un Registro Provincial de Maltratadores de Animales, un padrón estricto cuyas sanciones contemplan severas restricciones para los infractores, tales como impedimentos para tramitar la licencia de conducir o limitaciones concretas para acceder a espectáculos públicos y deportivos. Asimismo, el texto estructura una clasificación detallada de las conductas abusivas en faltas leves, graves y gravísimas para aplicar penalidades proporcionales a cada transgresión.

Para garantizar que las leyes no queden en letra muerta, el proyecto diseña una respuesta institucional acorde a las demandas de la sociedad santiagueña, exigiendo la capacitación obligatoria y específica para efectivos de las fuerzas de seguridad, operadores judiciales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal. La creación de unidades o fiscalías especializadas responde directamente al reclamo histórico de vecinos y rescatistas que muchas veces chocaban contra el desconcierto o la falta de orientación al momento radicar una denuncia por maltrato, un vacío operativo que la flamante normativa busca erradicar de raíz.

Finalmente, la propuesta legislativa entiende que ninguna ley punitiva alcanza por sí sola si no se atacan las causas culturales de la violencia, por lo que establece sólidas políticas de prevención y educación articuladas directamente con el Ministerio de Educación de la provincia. La meta es sembrar valores de respeto, empatía y tenencia responsable desde los primeros niveles escolares, logrando que las nuevas generaciones crezcan con la convicción de que cuidar la vida en todas sus formas es el único camino posible para construir una comunidad más justa, solidaria y profundamente humana.