Una profunda polémica sacude al ámbito científico y agroindustrial del país tras la decisión del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de impulsar la exoneración de Virginia Aparicio, la reconocida y principal investigadora de agrotóxicos del organismo. La medida punitoria no solo contempla su despido definitivo tras más de dos décadas de trayectoria en la entidad, sino también una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El castigo se desata luego de que la especialista estuviera al frente del estudio que reveló que una abrumadora mayoría de la población analizada y el medio ambiente presentan rastros de plaguicidas.

El conflicto se originó a raíz del relevamiento científico enmarcado en el proyecto internacional Sprint, un programa impulsado y financiado por la Unión Europea para evaluar el impacto de los químicos en la salud y el entorno. Los resultados, expuestos en territorio europeo, encendieron todas las alarmas al confirmar que el 86,1% de los voluntarios argentinos examinados tenía presencia de glifosato en su organismo, un porcentaje que trepó al 100% en las muestras fecales relevadas en la provincia de Buenos Aires.

A esto se sumó el hallazgo de múltiples compuestos químicos en aguas superficiales, alimentos y polvo doméstico, ubicando a la Argentina en el primer puesto de presencia de estos residuos entre las naciones participantes. A partir de allí, las tensiones internas escalaron con suspensiones a la difusión de los datos y el retiro formal del país del programa extranjero, medidas atribuidas por diversos sectores a fuertes presiones del lobby agroindustrial.

El proceso sumarial formalizado en el transcurso de 2025 endilgó a la investigadora cargos por un supuesto perjuicio a la administración pública —pese a tratarse de fondos de cooperación externa— y por su negativa a entregar los datos personales de los voluntarios evaluados. Ante este panorama, la sanción cosechó el rechazo inmediato de gremios y funcionarios de distintos puntos del país; voces del gabinete bonaerense como la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, y el titular de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, salieron al cruce para repudiar la medida y tildarla de un claro intento de persecución y censura contra la ciencia pública nacional.