El Gobierno nacional ratificó que no reabrirá las negociaciones con las casas de estudio tras la quinta Marcha Federal Universitaria y sostuvo que la asignación de recursos se resolverá exclusivamente en el Congreso durante la discusión del Presupuesto 2027. Ante la postura inflexible del Ejecutivo, rectores y autoridades de la comunidad académica advirtieron sobre el severo deterioro salarial y edilicio, alertando que el dictado de clases del próximo año se encuentra seriamente amenazado.

La masiva movilización reunió a cerca de un millón de personas entre estudiantes, docentes y gremios en todo el país, finalizando con tensiones y detenidos frente al Congreso. Pese a la magnitud de la protesta, desde la Casa Rosada tildaron el reclamo de "político", rechazaron convocar a una mesa de diálogo colectiva y mantuvieron la exigencia de sostener el superávit fiscal. La brecha presupuestaria es contundente: mientras el proyecto oficial destina 7,3 billones de pesos para las universidades públicas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama más de 11 billones para garantizar el funcionamiento operativo.

En paralelo a la disputa parlamentaria por las partidas presupuestarias, el conflicto suma un capítulo judicial clave en torno al cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario. Ante el escenario de parálisis en el diálogo institucional y con el malestar en aumento dentro de las facultades, los referentes del sector avisaron que, de no alcanzarse una solución antes de fin de año, el inicio del ciclo lectivo 2027 enfrentará un esquema generalizado de protestas y medidas de fuerza en todo el territorio nacional.