A cuatro meses de la implementación de la "Ley de Modernización Laboral" en la Argentina, un informe privado elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG) advirtió sobre un fuerte impacto negativo en el mercado de trabajo y el sector productivo nacional, contrarrestando las expectativas iniciales de dinamización y formalización del empleo.

De acuerdo con el primer Monitor de la Reforma Laboral, desde la puesta en vigencia de la normativa se perdieron 36.000 empleos formales en todo el país y se concretó el cierre de 6.905 empresas. Este escenario profundiza una tendencia previa de contracción, acumulando 13 meses consecutivos de caídas en el sector privado formal y totalizando 241.200 puestos destruidos desde finales de 2023.

La destrucción de fuentes de trabajo afectó de manera transversal a casi todas las actividades económicas, incluyendo rubros dinámicos como minería, petróleo e intermediación financiera. En paralelo, los indicadores sociales y laborales reflejan un deterioro significativo: la desocupación se ubicó en el 7,9%, la subocupación escaló al 11,5% y la informalidad laboral alcanzó el 45% de los ocupados, marcando el valor más alto en la serie histórica de la Encuesta Permanente de Hogares y afectando a más de 6 millones de personas en todo el territorio nacional.

En el plano empresarial, el estudio califica el fenómeno como un récord histórico al contabilizar más de 31.000 firmas cerradas desde el inicio de la actual gestión, con un golpe especialmente duro sobre las pequeñas y medianas empresas. Los sectores comerciales, de transporte y almacenamiento, junto con la industria, encabezan las mayores reducciones netas de unidades productivas, afectando a 23 de las 24 provincias argentinas, con epicentro en las regiones del Norte y de Cuyo.

Finalmente, el informe señala que herramientas centrales de la legislación, como la extensión de los períodos de prueba y el banco de horas, no lograron dinamizar las contrataciones por parte del sector privado, mientras que los salarios reales registrados acumulan una pérdida del 3,7% en comparación con el período previo, evidenciando que la normativa tampoco contuvo la caída del poder adquisitivo.