La ciudad de Santiago del Estero cuenta con un nuevo marco normativo para la protección y el bienestar de los animales tras la aprobación de la Ordenanza N° 6740/26 por parte del Concejo Deliberante de la Capital. La legislación establece regulaciones específicas sobre la tenencia responsable y diferencia con claridad aquellas faltas administrativas que se resuelven en el ámbito municipal de los delitos penales que deben ser investigados por la justicia provincial.

La normativa busca ordenar la convivencia urbana y ofrecer respuestas efectivas frente a situaciones de abandono, agresión o descuido, detallando los canales disponibles para que los vecinos puedan radicar denuncias de forma rápida y segura.

Cómo y dónde denunciar delitos de maltrato animal en la provincia

Cuando se detectan situaciones que configuran delitos penales de crueldad, la vía correspondiente es el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero. Los ciudadanos pueden utilizar el sistema de denuncia web oficial para ingresar la presentación de manera digital.

Para facilitar la investigación del fiscal interviniente, resulta clave aportar la mayor cantidad de detalles posibles sobre el hecho:

• Ubicación exacta del lugar donde ocurre la situación.
• Días, franjas horarias y descripción de las personas involucradas.
• Pruebas respaldatorias como fotografías, videos o grabaciones de audio.
• Ante emergencias en curso o situaciones de peligro inmediato, se debe requerir la presencia policial comunicándose de inmediato a la línea gratuita 911.

La legislación nacional, a través de la Ley N° 14.346, castiga penalmente acciones graves como lesiones intencionales, violencia física, mutilaciones, quemaduras, envenenamientos o la participación de animales en peleas clandestinas.

Alcance de la nueva ordenanza municipal en la Capital

En paralelo a la vía penal, la Ordenanza N° 6740/26 regula la tenencia responsable y el bienestar animal dentro del ejido urbano de Santiago del Estero. Su incumplimiento da lugar a sanciones administrativas aplicadas por el municipio, que van desde apercibimientos hasta multas de hasta 100 módulos.

Entre las faltas contempladas se encuentran mantener a los animales atados o encadenados de forma permanente, descuidar las condiciones mínimas de higiene, generar situaciones de hacinamiento, o comercializar ejemplares sin autorización. Asimismo, la normativa fija pautas obligatorias de seguridad para circular en espacios públicos con perros considerados potencialmente peligrosos.

El texto legal también prevé mecanismos de articulación en su artículo 12, permitiendo la intervención coordinada entre la Municipalidad de la Capital —a través de áreas como la Dirección de Calidad de Vida—, la Policía y el Ministerio Público Fiscal cuando la vida de un animal corra serio peligro.