Investigan presunta explotación laboral tras hallar a 22 peones rurales en condiciones infrahumanas cerca de Añatuya
Un operativo interinstitucional desplegado en un campo de la localidad de Nasalo, a unos 20 kilómetros de Añatuya, dejó al descubierto la grave situación en la que se encontraban 22 trabajadores rurales. Ante la magnitud de las irregularidades habitacionales y salariales constatadas, se radicaron las denuncias pertinentes y tomó intervención la Justicia Federal para investigar un presunto delito de explotación laboral.
La inspección fue llevada adelante de forma conjunta por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Secretaría de Trabajo de Santiago del Estero. Al ingresar al predio, los agentes verificaron que 19 de los operarios cumplían tareas de despale en la absoluta informalidad, percibiendo haberes por debajo de las escalas vigentes y sin contar con la indumentaria ni los elementos de protección necesarios para el trabajo de campo.
El cuadro más crítico se observó en el sector destinado al descanso: los peones pernoctaban en carpas armadas a la intemperie y debían recurrir a letrinas precarias construidas por ellos mismos, debido a la ausencia total de sanitarios e infraestructura básica en el establecimiento.
Al evaluar los resultados del procedimiento, el delegado provincial del RENATRE, Oscar Chazarreta, remarcó el valor de la coordinación estatal y gremial: "El trabajo articulado entre los organismos es fundamental para combatir estas prácticas, defender los derechos de los trabajadores rurales y garantizar condiciones laborales dignas".
En la misma línea, el representante de UATRE, Marcos Barrera, explicó que el allanamiento en Nasalo se enmarca en un plan de controles sostenidos en distintos departamentos de la provincia, orientado a erradicar el trabajo no registrado y frenar los abusos contra los asalariados agrarios. Con las actuaciones ya elevadas al fuero federal, la investigación apunta ahora a determinar la responsabilidad penal y administrativa de los responsables del predio.
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