El diputado nacional por Santiago del Estero, Dr. Marcelo Barbur, fijó la postura del bloque de Unión por la Patria tras la finalización de la cuarta reunión plenaria conjunta de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante el debate, el legislador santiagueño enfatizó que "sin presupuesto y sin federalismo no hay prevención posible" para abordar las adicciones en la infancia y la adolescencia.

La reunión plenaria —presidida por los diputados Pablo Yedlin y Victoria Tolosa Paz— avanzó en el tratamiento del proyecto de ley que busca destinar el 5% de lo recaudado por el impuesto a las apuestas online (fondos actualmente asignados a ARSAT) para financiar el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, contemplado en la Ley Nacional 26.934.

Reclamo por aranceles, obras sociales provinciales y la geografía santiagueña

Durante su alocución en el plenario, el Dr. Marcelo Barbur fundamentó la necesidad de especificar las partidas presupuestarias dentro del cuerpo normativo para asegurar la aplicabilidad de la ley en el interior del país:

• Financiamiento garantizado: Exigió dejar fijados en el texto de la norma tanto los porcentajes de recursos como los nomencladores y aranceles de cada intervención asistencial.
• Resguardo del sistema de salud: Remarcó que la cobertura no puede quedar a la deriva ni sujeta al criterio de obras sociales privadas o prepagas, advirtiendo sobre la necesidad de no desatender la situación financiera que atraviesan las obras sociales provinciales.
• Mirada federal e inclusión territorial: Solicitó contemplar las particularidades de provincias con extensiones territoriales dilatadas como Santiago del Estero, donde las distancias geográficas dificultan el acceso de los jóvenes a los dispositivos de contención y acompañamiento.

El legislador nacional concluyó su intervención asegurando que desde Unión por la Patria continuarán impulsando un dictamen que garantice una presencia activa del Estado y fortalezca las redes territoriales de protección para la niñez y la juventud.