La denuncia, presentada por un colega del rubro de la construcción e inmobiliario, Ibáñez, desató una investigación a cargo del Departamento Delitos Económicos y anticipa la posible aparición de nuevos damnificados.

Según la denuncia, a la que accedió el personal policial, Ibáñez conoció al acusado en diciembre de 2024 a través de un amigo en común. En una reunión en una estación de servicio céntrica, ambos empresarios habrían acordado un préstamo por la abultada cifra de $100.000.000, con un plazo de devolución estipulado en tres meses.

Como garantía del préstamo, Ibáñez recibió dos cheques por $50.000.000 cada uno, emitidos desde la chequera de una empresa del acusado, dedicada a la fabricación de hilados y tejidos. Antes de concretar el acuerdo, el empresario de la construcción verificó el estado de la empresa textil en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), confirmando en ese momento que no registraba deudas ni cheques rechazados.

Sin embargo, al acercarse la fecha de cobro del primer cheque, el empresario textil solicitó una prórroga alegando falta de liquidez, a lo que Ibáñez accedió de buena fe. La situación se complicó en mayo, cuando se reunieron nuevamente. El acusado habría ratificado su compromiso de pago, pero solicitó cambiar los cheques originales por tres nuevos documentos: uno por $27.000.000, otro por $50.000.000 y un tercero por $28.000.000.

La alarma se encendió el pasado 30 de junio, cuando Ibáñez intentó cobrar el primer cheque y descubrió que no tenía fondos. En ese momento, también se percató de que la empresa del acusado habría librado numerosos cheques adicionales, y al consultar nuevamente el BCRA, constató que la firma ya presentaba múltiples denuncias por cheques rechazados.

Acompañado por su representante legal, el Dr. Miguel Torres, Ibáñez procedió a intimar al empresario a través de cartas documento para la devolución del dinero, sin obtener una respuesta favorable.

La investigación preliminar de Delitos Económicos reveló que la empresa del acusado habría emitido cheques por un monto total cercano a los $2.000.000.000. Esta alarmante cifra sugiere que podrían radicarse nuevas denuncias en los próximos días por parte de otros damnificados. El Dr. Torres evalúa realizar nuevas presentaciones e informes para robustecer la denuncia y solicitar a la Fiscalía que se requieran los movimientos bancarios del empresario acusado, en un caso que promete ramificaciones millonarias.